Web Toolbar by Wibiya Caso García Belsunce: marzo 2003

sábado, 1 de marzo de 2003

La familia se despega del fiscal


Horacio García Belsunce (h.), Guillermo Bártoli y Carlos Carrascosa, hermano, cuñado y viudo, respectivamente, de María Marta García Belsunce, se despegaron del fiscal de Pilar Diego Molina Pico y negaron ante la Justicia haber mantenido una relación previa con el funcionario que los acusó como presuntos encubridores del asesinato.
Los tres declararon ayer en la fiscalía de San Martín, donde se investiga una causa por presuntas irregularidades cometidas por las autoridades judiciales que intervinieron en la instrucción del homicidio de María Marta, ocurrido el 27 de octubre último en una vivienda del country Carmel, de Pilar.
En la causa que impulsa la fiscal de San Martín Laura Pascual, el abogado Juan Carlos Iglesias denunció por supuestas irregularidades al fiscal Molina Pico; a los jueces de Garantías de San Isidro, Diego Barroetaveña y Juan Makintach, y al amigo de la familia y fiscal ante la Cámara de Casación Penal de la Nación, Juan Martín Romero Victorica.
García Belsunce (h.), Carrascosa y Bártoli figuran como acusados de encubrimiento en otra causa que instruye el fiscal Molina Pico, quien a su vez está imputado de haber cometido irregularidades en la causa en la que ayer declararon los tres imputados del presunto encubrimiento. Por eso, ayer, el acusador tuvo el papel de acusado.
De acuerdo con fuentes judiciales, Bártoli, marido de Irene Hurtig (media hermana de la víctima), García Belsunce (h.) y Carrascosa se limitaron a relatar cómo había sido el paso del fiscal Molina Pico por la casa del country de Carmel, el 28 de octubre último, al día siguiente del homicidio, cuando estaban velando los restos de María Marta.

POR QUÉ FUE
Los familiares de la víctima dijeron que Molina Pico no concurrió a la casa como fiscal del caso sino convocado por el comisario inspector Aníbal Degastaldi, a quien había llamado Romero Victorica.
Este es uno de los argumentos que sostienen los defensores de los tres imputados en la apelación que presentaron ante la Cámara de San Isidro para lograr el apartamiento de ese funcionario de la causa por el supuesto encubrimiento.
Sin embargo, los voceros consultados destacaron que a las declaraciones de Carrascosa, Bártoli y García Belsunce (h.) las analizarían "con pinzas" y sólo "a título informativo", ya que los testigos no serían una parte desinteresada en la causa.
De acuerdo con fuentes judiciales, la semana próxima serían citados a declarar como testigos el comisario inspector Degastaldi y el jefe de la Brigada Antisecuestros de la policía bonaerense, comisario mayor Angel Casafús, cuyas actuaciones también habían sido puestas en tela de juicio por el abogado Iglesias.
Fuentes judiciales explicaron que la denuncia recayó en la fiscalía de San Martín debido a que en la denuncia por supuesto "encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público" aparecen involucrados varios magistrados del fuero judicial de San Isidro. Entonces, la Procuración ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense decidió enviar la causa a otro departamento judicial.
En la denuncia, el abogado Iglesias acusó al fiscal Molina Pico de haber "omitido preservar el lugar del hecho y ordenar las medidas mínimas enderezadas a evitar la desaparición de indicios y pruebas; de haber facilitado así que se borraran rastros y de no haber pedido la autopsia de la víctima" inmediatamente.

UNA FIRMA FALSA
En tanto, el letrado José Licinio Scelzi, que representa a García Belsunce (h.), informó que la firma que aparecía en el certificado de defunción de María Marta García Belsunce no pertenece a Guillermo Bártoli, cuñado de la víctima e imputado en el presunto encubrimiento del homicidio.
"La junta de peritos calígrafos, por unanimidad, se expidió y dijo que la firma atribuida a Guillermo Bártoli fue falsificada en el certificado de defunción", sostuvo Scelzi.
Es que el juez de instrucción porteño Julio Lucini, que analiza las irregularidades que se habrían cometido en la tramitación del certificado de defunción, ordenó analizar ese documento.
Hasta ahora se creía que Bártoli era el integrante de la familia de la víctima que había rubricado esa partida de defunción prestando conformidad al trámite. Pero el peritaje demostró que no fue así.