Web Toolbar by Wibiya Caso García Belsunce: febrero 2004

miércoles, 18 de febrero de 2004

Una "fantasiosa" relación con la droga

En el juzgado federal de Rodolfo Canicoba Corral están sorprendidos. Son los dueños del copyright en la investigación de las conexiones del cartel de Juárez con la Argentina y ayer supieron a través de los diarios que las derivaciones del crimen del country termina golpeándoles la puerta. Según la tesis del fiscal Diego Molina Pico, los Belsunce formaban parte de las narcovinculaciones de los mexicanos en el país. Pero los hombres del juzgado federal le quitaron todo el peso a su tesis: “Es muy fantasiosa”, le dijeron, literalmente, a este diario. La “fantasía” principal es el nombre de la contadora Laura Helena Burgues, usado por Molino Pico para conectar los dos casos. Canicoba ahora le pedirá el dictamen para analizarlo. El punto que cuestionan en el juzgado de Canicoba no es menor. Es casi la piedra fundamental de su, tal como la definieron, “muy fantasiosa” hipótesis. Para pegarle al crimen del country la relación con los narcolavadores mexicanos, el fiscal se metió con una causa donde se investigó el lavado de 12 millones de dólares del Cartel de Juárez. Una causa del juzgado de Canicoba. Entre el cúmulo de papeles se encontró con el nombre de la contadora, a la sazón hermana de la vecina de los Belsunce, Nora “Pichi” de Taylor, imputada por encubrimiento en la historia del crimen. Canicoba había indagado a Laura Helena Burgues porque era la contadora de uno de los procesados de su causa, la del narcolavado. En la indagatoria, según le explicó a este diario una fuente judicial que estuvo estrechamente vinculado a la investigación, el juez “no pudo acreditar ninguna conducta comprometida entre la contadora y los narcos”. De acuerdo a esa misma fuente, Burgues mantuvo con uno de los procesados una relación de dependencia “de meses para que llevara los libros de contabilidad” de una empresa ubicada en la ciudad bonaerense de Balcarce. La relación habría terminado cuando ella se desvinculó porque “dejaron de pagarle”. La situación legal de la contadora en cuestión en la causa del Cartel de Juárez es la siguiente: el juez no le dictó el sobreseimiento sino la falta de mérito, una figura legal que le permite continuar con la investigación. Sin embargo, ella estaría prácticamente desvinculada. La “falta de mérito” fue confirmada además por la Cámara de Apelaciones. Nada de esto aparece en el dictamen de Molina Pico. Es más, en lo que a todas luces aparece como su traspié más delicado, el fiscal la menciona como “testaferro” de los narcos y como “procesada”. En sus palabras: “¿Quién tenemos como indagada y procesada como testaferro del Cartel de Juárez?”, dice en el dictamen antes de mencionar el nombre de su hermana, vecina del country. Pese a haber zafado en la investigación de Canicoba, Laura Burgues ya había merecido un párrafo entre los diputados de la Comisión de Lavado. Su nombre se encuentra en el apartado del preinforme dedicado a la Causa de A. Bank Mercado Abierto, propiedad del banquero menemista Aldo Ducler y sus relaciones con Nicolás Di Tullio y Angel Di Salvia, procesados y detenidos durante la investigación sobre el Cartel de Juárez. Quien la menciona es un empleado de una estancia llamada Rincón Grande, ubicada en el partido de General Pueyrredón, parte de “las inversiones realizadas con dinero presuntamente lavado y proveniente del narcotráfico”, dice el informe. El empleado llamado Omar Alberto Guzmán, indica el informe, “señala que al campo concurrían habitualmente los señores Salvia, Nicolás Di Tullio, Aldo Ducler, Valentín Grasso, la Dra. Perelló y la contadora Laura Burgues”. Otra declaración testimonial, la del encargado del campo, Aquilino Ceferino Vázquez, señala además que “Aldo Ducler festejó allí su cumpleaños en una oportunidad en que también los mexicanos se encontraban en el mismo lugar”. Otro de los datos que en el juzgado de Canicoba consignaron como error se refiere al Banco General de Negocios, de los hermanos Rohm. Carlos Carrascosa y otros sospechosos en el crimen formaron parte del BGN, el banco que cerró en 2002 en medio de un escándalo investigado por la juezaMaría Servini de Cubría. Lo que el juzgado de Canicoba cuestiona, en este caso, no es la relación de Carrascosa con el fraude del BGN sino los supuestos vínculos del banco con los narcos de Juárez. Esa causa también estuvo en manos de Canicoba. Las únicas relaciones del banco con el capital de los narcos probadas por su juzgado se reducen a una sola operación en la cuenta de un cliente. “El cliente que no tenía nada que ver con miembros del Cartel –confió la fuente– les compró una propiedad a través del BGN”.
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Julio César "descubrió"al asesino de María Marta

La inmensa mayoría de la gente desconfía del poder judicial. Sin embargo, son muy pocos los que saben hasta qué punto ese poder se ha convertido no en una garantía de los derechos y de las libertades sino en una amenaza inmediata y gravísima para ellos.

Es cierto que hay muchos jueces buenos y creo que de los tres poderes el menos corrupto es el poder judicial, precisamente porque hay muchos más jueces buenos que políticos buenos (¿hay alguno de esos?).

Sin embargo este hecho auspicioso no consigue contrarrestar el peligro que significa para los simples ciudadanos la existencia de numerosos jueces y fiscales pésimos, especialmente en el fuero penal, que es el que más directamente atañe a la libertad personal y al honor.

El Dr. Rodolfo Rivarola, eminente jurista y criminalista de principios del siglo XX, escribió un texto aterrador que demuestra cómo este peligro es antiguo, aunque cuando él lo denunció no era ni sombra de lo que es hoy. Si antes ese peligro era comparable con una araña venenosa, ahora es un monstruo gigantesco y carnívoro.

Se refería el Dr. Rivarola al poder de los jueces de instrucción según el Código de Procedimientos Penales en los siguientes términos:

"Para quien haya examinado y observado de cerca la práctica del proceso sumario, no será posible ninguna duda de que el verdadero peligro para todas las libertades está en la monstruosa tiranía que la ley ha puesto en manos de los funcionarios, a quienes por error ha dado el nombre de jueces de instrucción".

"En este momento en que me encuentro escribiendo estas páginas en el silencio de mi hogar tranquilo, yo no temo absolutamente que el presidente de la República pueda privarme de mi libertad personal...

"De la misma manera, toda la autoridad del Congreso de la Nación sería impotente para ordenar mi arresto y sacarme de mi domicilio...

"Un solo funcionario hay en cuyas manos la ley ha puesto, sin cuidarse de asegurar su responsabilidad, todos los medios para privar a un hombre inocente de su seguridad personal, su reputación, del goce de sus bienes, del reposo de su hogar, de la compañía de su esposa y de sus hijos. Este funcionario es el juez de instrucción".

"Una mera denuncia secreta, que en opinión del juez, en su opinión personal, pueda constituir una semiplena prueba del supuesto delito basta para ordenar una detención preventiva...

"El proceso y la detención preventiva podrán durar muchos meses y como el defensor no tiene derecho de conocer las diligencias no puede saber tampoco si éstas se practican...

"Por último, después de todas esta serie de vejaciones incalificables, el juez tiene derecho de atenuar su propia responsabilidad moral, ya que no será efectiva, dejando al inocente bajo el peso de la difamación con un acto de sobreseimiento provisorio, autorizado por la misma ley que enfáticamente...(reconoció el) principio de que todo hombre libre debe reputarse inocente mientras no se pruebe que es culpable".

No me explico cómo estas palabras de advertencia no fueron suficientes para que los gobiernos supuestamente democráticos del siglo XX (que los hubo de todos los colores políticos) no reformaran el Código procesal penal para suprimir esos poderes omnímodos y amenazadores de los jueces de instrucción.

Por el contrario, cada tanto se levanta una gritería exigiendo más poderes a los jueces penales y menos garantías para los acusados. Y hasta hay falsos defensores de la libertad, como Zaffaroni, que bastardean esta noble causa de las garantías en el proceso penal prohijando la causa de los criminales probados y asumiendo, con tanto gusto como falta de mérito, la designación de "garantistas".

Por otra parte, la prensa que vive del escándalo y de la trituración moral de las personas, exige procesos públicos pero no en el sentido en que lo son las audiencias del tribunal, sino para someter los jueces a los vaivenes de las fobias y de las parcialidades creadas por la política y por la misma prensa.

¡Guay del juez que se atreva a retacear información a los periodistas o que no la deje "filtrar" a sabiendas desde su secretaría! Los procesos en que alguien se juega la vida y la honra son tratados como partidos de fútbol, con la misma frivolidad y con el mismo fanatismo.

Un acusado "impopular" está condenado sin remedio y si alguien que goza del favor mediático es acusado (cosa que rara vez o nunca ocurre) está seguro de que no sufrirá perjuicio, a no ser que sus mismos compinches lo abandonen por interés propio o del partido.

Hoy hemos tenido una prueba más de la espantosa inseguridad jurídica en que vivimos. La acusación del Fiscal Molina Pico en el caso de García Belsunce es una pieza difícil de empardar en el campo de la incoherencia presuntuosa y de la malevolencia. Es inverosímil que Molina Pico haya sido nombrado Fiscal y sería inaceptable que lo siga siendo a partir de la publicación de esta acusación (que se hizo a sus instancias, pues hasta hizo preparar un resumen para beneficio de la prensa).

No consumo drogas, no soy narcotraficante, no soy amigo de los acusados ni defensor de ellos y no tengo ningún interés en la causa. Si digo esto es porque me aterra la posibilidad de que el autor de semejantes desatinos tenga en sus manos la libertad y la honra de las personas.

No he leído ni quiero leer las 257 páginas de la acusación ni las 60 del resumen que preparó el "modesto" funcionario para la prensa. Me basta el resumen de los diarios. Es de señalar que éstos, a pesar de la enorme campaña de embrollamiento del asunto que llevaron a cabo durante meses y meses con la obvia intención de aumentar sus ventas, no pueden evitar un cierto tono irónico al dar la noticia. Es clarísimo que no creen la desopilante versión de Molina Pico, que más parece una pura creación de su fantasía que una conclusión razonada de los hechos probados en autos.

El Cartel de Juarez, los hermanos Rohm del Banco General de Negocios, toda la familia de García Belsunce que llegó a la escena del crimen a fuer de parientes próximos, varios vecinos, la policía, el corralito, la memoria de la pobre víctima, todo esto en un cambalache jurídicamente heterodoxo y expuesto con una chabacanería indigesta.

Para terminar con acusaciones alternativas, como por ejemplo aquella en que enloda a la víctima, que está muerta y no puede defenderse, diciendo que "formaba parte o, en su caso, estaba anoticiada de la actividad mafiosa, de su accionar, de sus movimientos ilegítimos de dinero ilegal" ("Clarín", 17/2/2004, pag. 38)

¿Cómo "en su caso"? ¿Cual es ese "caso" que separa el ser cómplice del saber que existe un delito? EL Fiscal no tiene derecho a levantar semejante duda. Si hay pruebas para acusar debe hacerlo derechamente y si no las hay, no puede levantar dudas terribles desde su público estrado destruyendo el honor de una persona con una virulencia inaudita. Y menos aún puede precipitarse a publicar sus elucubraciones arbitrarias sin utilidad alguna para la investigación, aunque sí (tal vez lo crea él) para el adelantamiento de su carrera.

Esa autopromoción tiene ribetes demagógicos desagradables cuando dice que todo esto lo hace "para restablecer la justicia dañada y para que no se siga diciendo que sólo el villero es el que sufre el rigor penal en la Argentina" ("La Nación", 17/2/2004, pag. 11).

Molina Pico sabe perfectamente bien que si en vez de tratarse de la familia García Belsunce, bastante conocida, se tratara de la muerte de una pobre habitante de una villa miseria en su casilla precaria, él no hubiera mostrado la saña que muestra contra el marido, ni contra sus hermanos, ni contra sus vecinos. Es probable que a la primer dificultad de prueba hubiera dejado el asunto en manos de subordinados. Y lo mismo dígase de la prensa: jamás hubieran pasado de una pequeña noticia anunciando el crimen. A no ser que se sospechara de alguien conocido; en ese caso empezaría una caza de brujas implacable en la que el acusado no tendría ni la más mínima posibilidad de encontrar justicia imparcial.

La megalomanía incontenible del Fiscal queda demostrada en la frase final de su acusación: "Parafraseando a (Julio) César, pero con humildad (¡sic!), puedo concluir diciendo que, con la eficaz colaboración del personal a mi cargo investigué, descubrí, acusé" ("Clarín", 17/2/2004, pag. 38)

¡Dios nos libre de estos magistrados! ¡Pobre Patria y pobres argentinos! ¿Cómo se puede vivir en una tierra arrasada por magistrados así?

Cosme Beccar Varela

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No hay elementos para ir a juicio oral..

José Scelzi, el abogado de Carlos Carrascosa, marido de la asesinada María Marta García Belsunce, calificó hoy como "errónea" la teoría del lavado de dinero del "cartel de Juárez" del fiscal Diego Molina Pico, consideró que no hay elementos para realizar el juicio oral por el crimen, y reclamó el sobreseimiento de su cliente y todos los familiares involucrados en el enmarañado caso.

"Lo que corresponde es que se profundice la investigación. Lo que plantea el fiscal no encuentra arraigo en el expediente", señaló el letrado.

En declaraciones a las radios América y Hit, Scelzi opinó que "lo que corresponde en estas circunstancias es que sean todos (los familiares de María Marta implicados en la causa) sobreseídos, y que se profundice esto que es algo más que imprescindible".

Cuando se le preguntó qué opinaba de la presentación que efectuó ayer Molina Pico, contestó: "Es a mi juicio errónea", y agregó que "Carrascosa se encuentra en libertad como consecuencia de una morigeración de la prisión preventiva".

"Estoy convencido que se están dando las condiciones jurídicas para pedir el sobreseimiento. No puede haber juicio oral, porque no hay elementos para un juicio oral. Nosotros en plazo de cinco días tenemos que plantearle al juez por qué lo que dice el fiscal no tiene bases sobre el expediente"; explicó.


LA DEFENSA DE PACHELO, CONFORME CON LA TEORÍA DE MOLINA PICO

El abogado Roberto Rivas, quien representa a Nicolás Pachelo, un vecino del country Carmel que estuvo procesado en la causa que investiga el crimen de María Marta García Belsunce, celebró hoy la tesis del "cartel de Juárez" del fiscal Diego Molina Pico, porque "desvincula totalmente" a su cliente.

Sin embargo, al ser consultado sobre la teoría del fiscal, que advierte sobre lavado millonario de dinero del Cartel de Juárez a través de empresas financieras presuntamente relacionadas con Carlos Carrascosa, el marido de María Marta, el letrado admitió que "me sorprende, porque me parece que no es así".


RECONOCEN QUE EL MÉDICO HABRÍA COMETIDO UN ERROR

Por su parte, Gabriel Becker, abogado del médico Juan Gauvry Gordon, acusado de haber ocultado el crimen de María Marta García Belsunce, entre otros presuntos delitos, reconoció hoy que su cliente "reconoce que cometió un error, pero no se le puede imputar dolo".

Ayer, Molina Pico imputó a Gauvry Gordon haber ocultado "el homicidio realizando una falsa resucitación", deshacerse "de pruebas ordenando la limpieza de los azulejos, baño, paredes de la escena del crimen", recibir "una suma de dinero para ocultar la verdad de los hechos e hizo un informe médico falso".

Pero Becker señaló esta mañana a radio Mitre que el médico "entró en estado de shock" al escena del crimen, por lo cual "cometió un error" al transcribir "que visualizó una fractura de cráneo con pérdida masa encefálica" e intentar reanimarla, pero "compró la versión del accidente doméstico".


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martes, 17 de febrero de 2004

No sólo el "villero" sufre el rigor legal...


Así lo afirmó el fiscal Diego Molina Pico; agregó que está orgulloso de su labor ya que investigó, descubrió y acusó a los presuntos responsables

"Investigué, descubrí, acusé", dijo el fiscal Diego Molina Pico en su pedido de elevación a juicio, como una clara respuesta al juez del caso, Diego Barroetaveña, y al adelantarse a las críticas que, se descuenta, recibirá de los familiares de María Marta García Belsunce.
Y reclamó que la Justicia imparta una castigo ejemplar para que no sólo "el villero" sufra el rigor penal en la Argentina.
En el final del extenso pedido, Molina Pico rubricó bajo el título "corolario" la siguiente explicación: "pese a posibles errores y torpezas de esta fiscalía, producto, si se quiere, de su plena confianza en las personas que integran las instituciones del Estado, y de las demoras en la instrucción producto de la permanente acción dilatoria de la defensa, a la que puede sin dudas aplicarse la sentencia ´corruptio optimis pessima´, hoy se elevan estos actuados con evidencias impensables cuando se pedía cerrar la causa por ser una muerte por accidente".
Molina Pico remarcó que "en autos ha quedado develado el perverso misterio de un asesinato y su artificioso encubrimiento, construidos ambos para enmarañar una telaraña que enreda la fluencia del dinero de origen espurio".
No obstante, advirtió, "esta fiscalía está orgullosa de su labor. Parafraseando a César, pero con humildad, puedo concluir diciendo que, con la eficaz colaboración del personal que estuvo a mi cargo: investigué, descubrí, acusé".
La frase pareció un tiro por elevación al juez del caso, Diego Barroetaveña, quien había instado en varios de sus escritos a trabajar con ahinco en el movil del crimen y lo había cuestionado por no ahondar en otras hipotesis que no salpicaran a la familia.
Tras resaltar su labor, Molina Pico añadió: "a otros la ley les da la misión de imponer el ejemplar castigo que los imputados merecen para restablecer la Justicia dañada y para que no se siga diciendo que sólo el villero es el que sufre el rigor penal en la Argentina".