Web Toolbar by Wibiya Caso García Belsunce: diciembre 2011

domingo, 25 de diciembre de 2011

Carta de Horacio García Belsunce luego del fallo condenatorio

Hola qué tal? cómo están, cómo les va? Hoy no voy a estar con Jorgelina conduciendo el programa y quiero contarles, a través de estas líneas, por qué:

Jamás en la vida se me pudo pasar por la cabeza que podía ir preso, mucho menos por encubrir un delito; pero ir preso por encubrir el asesinato de mi hermana es ya un delirio que sólo puede caber en la cabeza de quien sería capaz de cometer semejante atrocidad. Pero ocurrió, no fui juzgado por un tribunal de juicio sino por un tribunal de la inquisición que tenía decidida mi condena antes de empezar; y lo hizo porque se le dio la gana y sin ninguna prueba que le diera sustento jurídico y razonabilidad a la condena.
Los invitados que hoy acompañan a Jorgelina les explicarán seguramente por qué pueden ocurrir estas tremendas injusticias en nuestro país. Tal vez lo más importante es que ustedes puedan abrirse a la posibilidad de pensar que esto que me pasó a mí y a mi familia, puede pasarles a ustedes y a sus familias. Muchas veces les he dicho que no importa lo que nos pasa sino qué hacemos con lo que nos pasa. Yo aprendí a aceptar en paz y armonía y eso me ayudó a superar el momento horrible que viví en la cárcel; pero aceptar no significa de ninguna manera bajar los brazos, seguiré peleando para que se sepa la verdad y los asesinos sean condenados, también para que los responsables de tanto dolor y humillación se hagan responsables.
No estoy con Jor y con ustedes, porque tanto ella como la gente que me quiere de verdad me hicieron ver que era la mejor manera de evitar mi exposición por el momento, entendí que tienen razón.
Les deseo a todos feliz noche buena y navidad.
Hasta la próxima.

Horacio García Belsunce (h)

Movil? Arma homicida?



Ver ubicación de los rastros de sangre

viernes, 16 de diciembre de 2011

Operaron a Carrascosa por un problema en la carótida

Carlos Carrascosa, preso y condenado a prisión perpetua por el homicidio de su esposa, María Marta García Belsunce, se recuperaba hoy de una operación de la arteria carótida a la que fue sometido ayer en el sanatorio Mater Dei del barrio porteño de Palermo.

Fuentes del entorno familiar informaron a la agencia Télam que la intervención de Carrascosa no fue de urgencia ni estaba prevista, pero que al ser evaluado ayer en un control de rutina, sus médicos decidieron realizarla.

"Todo salió muy bien y ahora está recuperándose en terapia intermedia. Cuando le den el alta lo mandarán de vuelta al penal de Campana", dijo a Télam uno de sus familiares. El viudo de María Marta ingresó al sanatorio el fin de semana pasado y pasó allí su cumpleaños número 67, el martes último.

En 2007, Carrascosa fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 6 de San Isidro a cinco años y seis meses de prisión por el encubrimiento del crimen de su esposa, pero ante una apelación del fiscal Diego Molina Pico, en 2009, la Cámara de Casación modificó el fallo.

El viudo fue condenado entonces a prisión perpetua como coautor del asesinato y desde entonces permanece detenido la Unidad 41 de Campana a la espera de que la Suprema Corte de Justicia bonaerense defina una nueva apelación de su defensa, que también denunció el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.


Fuente

martes, 13 de diciembre de 2011

El caso García Belsunce podría dar un giro sorprendente y ser centro de la discusión entre Scioli y Garré

El 6 de noviembre en nuestra Web y bajo el título “Caso Carrascosa – García Belsunce: 5 condenas y… ¿el criminal sigue suelto?” advertíamos una serie de preguntas y situaciones no investigadas que tenían el potencial de significar un escándalo de proporciones tremendas. De alguna manera, las preguntas que nos hicimos y compartimos con nuestros lectores, podrían transformar un caso criminal no resuelto en un nuevo conflicto entre Scioli y Garré (léase también Cristina), del que creemos que en esta circunstancia, a la Ministro Nilda Garré la puede asistir la razón.

Lo que decíamos y lo que sucede:

Lo que decíamos:
“Nada cierra. Nada se dice del motivo del asesinato como para pensar que pueda haber habido una conspiración entre el marido de la asesinada María Marta, del propio hermano de la victima y de íntimos amigos que más parecen haberse preocupado por los pudores de la clase alta ante lo que creían un accidente que por planificar, conspirar o encubrir un asesinato. Nunca se supo cual podía haber sido el motivo (aspecto esencial para un crimen) y nunca apareció el arma. Sin “motivo” y sin arma, 6 personas están presas. Y tres preguntas se imponen:
1. ¿Había que condenar a casi todos los que estuvieron en el lugar del crimen porque los profesionales que actuaron no pudieron darse cuenta de este cuando tuvieron la oportunidad y así disimular sus propias negligencias o impericias?
2. ¿Será que perdieron tanto tiempo durante los inicios de las acciones que prefirieron continuarse en el error aunque esto supusiera la libertad del verdadero asesino?
3.  Si dos médicos no se dieron cuenta en un principio que estaban frente a un crimen de varios balazos calibre 22 en la cabeza y no frente a un accidente de baño, ¿porque suponen que quienes no son médicos, sino que son familiares y amigos, van a darse cuenta?..., teniendo un compromiso emocional de hecho superior a los médicos, acostumbrados a este tipo de situaciones?
Quizás Carrascosa y los ahora condenados puedan ser culpables. Pero la realidad sigue siendo que muchas pistas que deberían haber sido intensamente investigadas, no lo fueron.
A modo de ejemplo…  el mozo Miguel Ángel Monzón, compañero de Walter Mantovani, el empleado del restaurante "Coffe Break" situado al lado de una Esso en ruta 25 y ramal Pilar, que dijo en el juicio que; la mañana siguiente a la muerte de María Marta, Pachelo fue a desayunar y les preguntó si sabían algo de "la mujer que habían matado en el country". Como no se investigo que; presuntamente Pachelo, afirmara… “la mujer que habían matado en el country”… si ese día todavía nadie sabía que había sido asesinada. ¿Por qué lo sabía Pachelo si ni la Justicia aún lo sospechaba?

Lo que sucede:
Al decir del periodista Guillermo Cherashny, la Ministro Nilda Garré intentaría volcar el caso García Belsunce contra la “maldita policía”
Si bien el periodista se refiere a esta situación como una “operación político judicial” que se estaría gestando en el gobierno para revertir la situación actual del caso García Belsunce. Lo cierto es que el caso pareciera realmente haber sido forzado.
El caso es que ahora en los niveles más altos del gobierno nacional habría interés en que se reviertan las condenas dictadas, tal vez a través de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires. En realidad, la debilidad del fallo condenatorio aparece a simple vista. En el reciente juicio no se aportaron pruebas concluyentes y más bien se impuso el peso de la condena mediática contra la familia por el encubrimiento, que es el único factor decisivo para la condena.
“Para darle vuelo a su campaña contra la bonaerense como chivo expiatorio de la inseguridad, el caso García Belsunce sería ideal, si aparecieran, por ejemplo, “pruebas” de que en realidad hubo una conspiración policial contra la familia. De concretarse esta alternativa, su efecto político sería favorable a la tesis Garré de que la bonaerense sigue fuera de control y el principal damnificado, de más está decirlo, sería el gobernador bonaerense. El objetivo final es fácil de deducir: Scioli debería ceder cada vez más terreno, entregándole todo el control de la seguridad provincial al cristinismo.” Si bien la afirmación de Cherashny es un tanto temeraria, no es menos cierto que la bonaerense tiene serios problemas de conducción.
“Garré estaría, por otra parte, absolutamente convencida de que la bonaerense es el enemigo a vencer y en una reciente reunión de su equipo habría contado una anécdota que data de cuando Antonio Cafiero era gobernador de Buenos Aires. En uno de sus viajes, Cafiero fue acompañado por su Ministro de Gobierno, José María Díaz Bancalari, quedando transitoriamente a cargo de esa cartera el Ministro de Salud, Ginés González García. Éste se reunió con el entonces jefe de la bonaerense, comisario general Juan Carlos Zamorano, y le preguntó por el accionar de las mafias en la provincia. El comisario le habría respondido, según Garré: “no se equivoque, Doctor, la mafia es la Policía de la Provincia de Buenos Aires”.
“Para Garré, León Arslanián y Horacio Verbitsky, esta definición sigue siendo válida. Este trío está, además, convencido de que los robos en los countries son productos de la “mafia policial” y que las empresas de seguridad de los barrios cerrados están estrechamente vinculadas a las bandas de delincuentes y policías. Así es que los asesores de Garré estarían ultimando un informe que sostendría que en el crimen de María Marta habría intervenido un sospechoso que tiene antecedentes de robos en barrios cerrados. Se trataría de una persona entradora, ligada a la policía y que confraterniza seguido con los guardias de seguridad de barrios cerrados. En este caso, el robo, que se convirtió en homicidio -según la nueva investigación-, habría sido ejecutado por un guardia, por encargo del referido vecino con antecedentes (¿Nicolás Pachelo?). La familia de María Marta habría encubierto estos hechos para evitar ciertas consecuencias sobre la imagen familiar. Pero lamentablemente, el remedio resultó peor que la enfermedad. Ahora, después de muchos años y de una intensa manipulación mediática, el caso podría ingresar en una etapa de manipulación política.”
En realidad poco importa el considerar que el caso haya sido manipulado mediáticamente o que ahora sea manipulado políticamente. Lo que importa es que es probable que hayan sido condenados cinco inocentes, 6 con Carrascosa. Y que si fue así, pudo haber una confabulación policial judicial que; de comprobarse, tiene la gravedad que implica suponer que ningún inocente, aún con recursos y dinero, está exento de ser sujeto de una causa armada. Ni imaginar en consecuencia lo que puede suceder con gente de extracción humilde y sin recursos.

Garré intentaría volcar el caso García Belsunce contra la "maldita policía"

Por Guillermo Cherashny para el Informador Público

Una operación político judicial se estaría gestando en el gobierno para revertir la situación actual del caso García Belsunce. El 18 del mes pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de San Isidro fijó en hasta $500.000 las fianzas para excarcelar a los cinco condenados por el encubrimiento del crimen de María Marta García Belsunce. Las fianzas fueron abonadas y todos los condenados recuperaron la libertad. La mayor caución, de $500.000, fue fijada para el cuñado, Guillermo Bártoli, mientras que en el caso del vecino Sergio Binello, la fianza es de $400.000; para John Hurtig, $350.000 y para Horacio García Belsunce (h), $150.000. En tanto, para el médico, Juan Ramón Gauvry Gordon, fueron $30.000. Posteriormente, los cinco condenados por encubrimiento presentaron a través de sus abogados defensores la apelación de la sentencia frente al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de San Isidro. Los letrados solicitaron ante Casación que sus clientes sean absueltos. Acusan al Tribunal de “arbitrariedad y falta de fundamentación y certeza” en su fallo.
El caso es que ahora en los niveles más altos del gobierno nacional habría interés en que se reviertan las condenas dictadas, tal vez a través de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires. En realidad, la debilidad del fallo condenatorio aparece a simple vista. En el reciente juicio no se aportaron pruebas concluyentes y más bien se impuso el peso de la condena mediática contra la familia por el encubrimiento, que es el único factor decisivo para la condena.
Bajo la lupa K
Una semana atrás, la Ministra de Seguridad Nildá Garré condenó duramente la política de seguridad de Daniel Scioli y su Ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal. La crítica apuntó a que ambos permiten supuestamente la autogestión policial y no ejercen el control político sobre la fuerza. Para darle vuelo a su campaña contra la bonaerense como chivo expiatorio de la inseguridad, el caso García Belsunce sería ideal, si aparecieran, por ejemplo, “pruebas” de que en realidad hubo una conspiración policial contra la familia. De concretarse esta alternativa, su efecto político sería favorable a la tesis Garré de que la bonaerense sigue fuera de control y el principal damnificado, de más está decirlo, sería el gobernador bonaerense. El objetivo final es fácil de deducir: Scioli debería ceder cada vez más terreno, entregándole todo el control de la seguridad provincial al cristinismo.
Garré estaría, por otra parte, absolutamente convencida de que la bonaerense es el enemigo a vencer y en una reciente reunión de su equipo habría contado una anécdota que data de cuando Antonio Cafiero era gobernador de Buenos Aires. En uno de sus viajes, Cafiero fue acompañado por su Ministro de Gobierno, José María Díaz Bancalari, quedando transitoriamente a cargo de esa cartera el Ministro de Salud, Ginés González García. Éste se reunió con el entonces jefe de la bonaerense, comisario general Juan Carlos Zamorano, y le preguntó por el accionar de las mafias en la provincia. El comisario le habría respondido, según Garré: “no se equivoque, Doctor, la mafia es la Policía de la Provincia de Buenos Aires”.
Para Garré, León Arslanián y Horacio Verbitsky, esta definición sigue siendo válida. Este trío está, además, convencido de que los robos en los countries son productos de la “mafia policial” y que las empresas de seguridad de los barrios cerrados están estrechamente vinculadas a las bandas de delincuentes y policías. Así es que los asesores de Garré estarían ultimando un informe que sostendría que en el crimen de María Marta habría intervenido un sospechoso que tiene antecedentes de robos en barrios cerrados. Se trataría de una persona entradora, ligada a la policía y que confraterniza seguido con los guardias de seguridad de barrios cerrados. En este caso, el robo, que se convirtió en homicidio -según la nueva investigación-, habría sido ejecutado por un guardia, por encargo del referido vecino con antecedentes. La familia de María Marta habría encubierto estos hechos para evitar ciertas consecuencias sobre la imagen familiar. Pero lamentablemente, el remedio resultó peor que la enfermedad. Ahora, después de muchos años y de una intensa manipulación mediática, el caso podría ingresar en una etapa de manipulación política.

lunes, 5 de diciembre de 2011

De qué hablamos cuando hablamos de justicia?

Por Mempo Giardinelli

En mi reciente libro, Cartas a Cristina, dedico un capítulo al lamentable estado de la Justicia en la Argentina. Algunos amigos, juristas que respeto, consideraron que el texto es excesivamente duro y me cuestionaron ciertas “generalizaciones”. Y puede que tengan razón, no obstante lo cual el estado de la Justicia en nuestro país no deja de ser calamitoso.
Ahí está esa esposa de gobernador que se habría cargado al marido de un balazo. Por celos, por desplazamiento del rol de primera dama, por cuernos o lo que sea, todas las crónicas y testimonios describen un balazo en la cara y a pocos centímetros, cuando el tipo estaba acostado. Emoción violenta o no, si hay solamente dos personas en un ambiente y una de ellas muere de un tiro sin que haya entrado un tercero, etcétera, etcétera. Desde Edgar Allan Poe sobra buena literatura al respecto.
Pero llevamos casi tres semanas viendo un trato que no tendría nadie que no esté vinculado con el poder. Vemos un supremo rionegrino que debió por lo menos callarse la boca. Vemos la falta de jueces definitivos y abogados que cuentan con ventajas que ya quisieran sus colegas en cientos de otros casos. Basta leer las notas de Raúl Kollmann en este diario.
Todo eso no es más que el enésimo botón de muestra de un sistema de Justicia que se acerca a lo deplorable. Hace poquito, en La Plata hubo un horrible cuádruple crimen, con un claro sospechoso, y en Lincoln fue asesinado un chiquito llamado Tomás, todo indica que a manos de su padrastro. En ambos casos lo que parecía estar clarísimo se oscureció. Como el caso de otro chico, Gastón Bustamante, y luego el de la maestra Silvia Prigent. En todos, el sistema, con su infinito laberinto de chicanas, más parece que en lugar de hacer justicia hace agua por todos lados.
Hay cientos de otros casos similares en todo el país: el asesinato de Manuel Roseo en el Chaco, hace un año; o hace cinco el nunca esclarecido de Nora Dalmasso en Río Cuarto; o el ya delirante affaire García Belsunce, que parece magullado a pitutazo limpio.
Hay un común denominador: pésimas investigaciones policiales, sumarios lentos y “empiojados”, dudosos sorteos de juzgados, demoras inexplicables, recursos infinitos y fuegos artificiales tan mediáticos como vergonzantes. La mayoría de los casos termina en previsibles e indignantes “faltas de mérito”, condenas risibles o fallos absurdos como en el caso reciente de la mujer que, con su marido enfermo, cayó en manos de usureros que la desvalijaron, cobrándole intereses hasta del 680 por ciento. En primera instancia se condenó a los usureros, pero la Cámara de Apelaciones modificó el fallo con el argumento de que la mujer no fue forzada y entonces la culpa era de ella misma. Los usureros aún celebran.
Las injusticias se cuentan de a miles, y son cada vez más irritantes. Ya es obvio que en la Argentina la Justicia es para los giles, los ladrones de gallinas y los pibes chorros. No es exageración: hay unos 30 mil presos sólo en la provincia de Buenos Aires y, aunque la ley lo prohíbe, el 93 por ciento de los jóvenes presos estuvo dentro de una comisaría, el 22 por ciento en celdas con mayores de edad.
La capacidad de alojamiento del sistema penitenciario es de 15.600 plazas, pero en marzo de 2011 había 26.971 presos en 55 cárceles, y otros 2433 en más de 300 comisarías. La violencia interna es impresionante: 585 casos mensuales. En 2009 hubo 117 muertes en las prisiones bonaerenses, y 133 en 2010. Las condiciones son infrahumanas porque allí rige todavía el sistema instaurado por el genocida Ramón Camps durante la dictadura. La tortura sigue siendo práctica generalizada: submarino seco, picana eléctrica, palazos, manguerazos y el aislamiento como castigo son prácticas vigentes. El 25 por ciento de las mujeres sufrió agresiones y, en la Unidad de Melchor Romero, el 60 por ciento de las detenidas denunció ataques físicos por parte del personal.
Todo está documentado en la Comisión Provincial por la Memoria.
Si se piensa en los tres pibes militantes asesinados en Rosario, en el caso de los qom de Formosa o incluso en la nunca aclarada desaparición de Julio López luego de ser testigo de cargo, no es descabellado concluir que la Justicia es un desastre, y los juristas no tendrían que ofenderse cuando se dicen estas cosas. Que saben mejor que nadie.
Y el poder político tampoco, porque todo el cinismo, hipocresía, dobles mensajes y corrupción que inficionan al Poder Judicial en su conjunto están dañando las bases de la República. Cuestión, por cierto –y también hay que decirlo–, de la que casi ningún “republicano” de la oposición dice ni jota.
Hace años escribí en otro libro, El país de las maravillas, algo que también fue criticado: “Restaurar una Justicia confiable es urgente y es posible, sobre todo si la planteamos desde una perspectiva moral antes que política (...). La depuración tiene un único camino: replantear el funcionamiento de la Justicia en todos los fueros, en todo el sistema, con bases nuevas, claras y limpias, y tribunales examinadores irreprochables. Quizás, incluso, esa depuración requiera una medida extrema, casi quirúrgica, que desde 1995 he propuesto pública y reiteradamente: considerar la declaración en comisión de todo el sistema de Administración de Justicia”.
Está claro que es una medida riesgosa –en 1949 se practicó y con resultados discutibles–, pero algo habrá que hacer. Porque a nuestra Justicia ya no la salvan los honrosos tribunales, jueces, fiscales y funcionarios que hoy son excepción, ni los irreprochables abogados y juristas decentes que todavía hay en esta República. No alcanza con ellos. Como no alcanza con algunas buenas intenciones que mostró el kirchnerismo al mejorar el sistema con más presupuesto, informatización y refacciones edilicias.
En Pergamino, un agente de seguridad hiperceloso conmina al novio de su hija –un chico de 16 años– a salir por la ventana, y acaso lo golpea y lo arroja. El chico cae desde un sexto piso y muere. Y en Río Negro, el juez Chirinos dice que “lo presionan” para que meta presa a la primera dama presunta asesina, como si no hubiera sospechas suficientes. Y el gobierno santafesino “pide” a la Justicia que restrinja las “salidas transitorias” que se conceden a represores como Víctor Brusa. Y hay más y más, haciendo obvio que no impera la Justicia.
La frutilla del postre es el proxeneta y ex agente de la SIDE Martins, denunciado en este diario por su propia hija Lorena, que reclama infructuosamente el apartamiento del juez Oyarbide por ser amigo de su padre, lo cual es por lo menos altamente probable. Todos sabemos que se trata de uno de los delitos más repugnantes del mundo, sobre el cual la Justicia argentina tiene una larguísima historia... de silencio e ineptitud.
¿De qué exageraciones hablamos, entonces?

jueves, 1 de diciembre de 2011

Fallo del INADI contra jueces de Casación

Frente a la presentación realizada por el Presidente del bloque del FpV, Raúl Pérez, ante el INADI en oportunidad de la sentencia de los Jueces Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués, que le permitieron la libertad a un violador de menores, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, dictaminó que la mencionada sentencia es “discriminatoria”.

El INADI, en su dictamen expresa que “la sentencia dictada por la Sala I de la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires es discriminatoria en los términos de la ley 23.592, normas complementarias y concordantes, en relación a los argumentos esgrimidos para absolver al imputado (Ávalos, Francisco) del delito de corrupción de menores”.

Cabe recordar que los Magistrados mencionados, absolvieron a Domingo Francisco Ávalos (quien abusó sexualmente de dos niñas) respecto de los delitos de corrupción de menores de edad, calificado por intimidación, y le redujeron la pena de 18 años a 9 años y 6 meses de prisión, argumentando que las menores pertenecían a una clase social que aceptaba las relaciones sexuales a temprana edad y que, además, libremente habrían prestado su consentimiento.

En la presentación ante el INADI, con fecha del 7 de abril de 2011, el Diputado Raúl Pérez fundamenta que hubo una “clara discriminación, como sujeto de delito, en su condición de mujeres y además menores y esta situación debería ser un agravante concreto, en vez de un eximente y una reducción de penas”.

En esta misma línea se pronunció el organismo que “recomienda la notificación del presente dictamen al Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires a los fines que estime corresponda” y agrega que “visto el informe efectuado por el Sr. Pérez Raúl, contra los Señores Jueces Piombo, Horacio Daniel y Sal Llargués, Benjamín Ramón, se comparte el criterio en lo sustancial”.

Cabe recordar que el Diputado Raúl Pérez presentó sendas denuncias no sólo ante el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, sino también ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, a los fines de que se investigue si los Jueces citados cometieron mal desempeño en sus funciones.

Entre los fundamentos, el Presidente del bloque oficialista de la Cámara baja, destacó que los argumentos dados por Piombo y Sal Llargués en la causa del pastor, conformaba un “razonamiento perverso”. “La mención del nivel social alude a grupos en desventaja”. En igual sentido, agregó que “el fallo podía resultar un grave antecedente porque las mujeres y niñas que hayan nacido en grupos desfavorecidos, tendrán una nueva desigualdad: Nadie las protegerá de un adulto que las quiera corromper”, explicitó Pérez.


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