martes, 28 de octubre de 2003
lunes, 27 de octubre de 2003
Demasiadas dudas que aún persisten
En un año, la investigación por el asesinato de María Marta García Belsunce es un compendio de claros y oscuros. Sobresalen dos hipótesis: la del fiscal de Pilar Diego Molina Pico, que apunta al viudo, Carlos Carrascosa, como presunto homicida y al círculo íntimo de la víctima como encubridor, y la de la familia bajo sospecha, que insiste en el homicidio en ocasión de robo, por el que acusan al primer vigilador que llegó a la casa del country Carmel donde ocurrió la muerte, y a un vecino al que todos por allí parecían temer.
La familia dice que Molina Pico nunca quiso investigar esta línea; el fiscal responde que sí lo hizo, sólo que las pruebas apuntan al viudo y a su entorno. Pero lo único cierto, pasado un año, es que María Marta está muerta y que quien la mató vivía o trabajaba en el country, que nunca se encontró el arma homicida y que no se vio a nadie entrar o salir de la casa en el momento del hecho.
Es imposible que el custodio José Ortiz y el vecino Nicolás Pachelo (en una teoría), y Carrascosa, en la otra, coexistan en un expediente como eventuales autores del crimen. El viudo fue acusado como autor porque, según el fiscal, dijo que estaba en lo de sus cuñados cuando dos testigos lo vieron en el Club House. Pero Pachelo también mintió: dijo que no estaba en Carmel a la hora del crimen, y llamadas telefónicas y un video de seguridad del country demuestran que sí. Cayó su coartada, pero nunca fue indagado al respecto.
Son algunas de las particularidades de una causa que, como el fiscal admitió a LA NACION, está "llena de misterios". Y sobran los ejemplos.
Carrascosa y su círculo íntimo se niegan a que se les extraiga sangre para un cotejo de ADN. Creen que si no se les muestran los resultados antes, los peritos del fiscal podrían "manipularlos" con el fin de incriminar al viudo o a sus allegados.
Hay un precedente: las muestras de la zona del cráneo de la víctima por la que ingresaron las balas llegaron sin precintar al laboratorio. Los peritos hallaron en ellas el compuesto ciano, base de "la Gotita". El fiscal preguntó si podía tratarse de pegamento y se le respondió que sí, pero excluyó interrogar si ese elemento podía tener otro origen, como dice lafamilia. Nunca se profundizó ese estudio por vías independientes.
EL AUTO "INVISIBLE"
Molina Pico da por sentado que se impidió a la policía llegar a la escena del crimen y que, incluso, se pagó una coima a los ocupantes de un patrullero que arribó a Carmel. Pero el fiscal nunca pudo corroborar quién llamó a la policía ni cuál fue el patrullero que acudió al country ante esa advertencia anónima.
El fiscal aseguró que ningún patrullero salió la noche del 27 de octubre de 2002 por una denuncia. Pero consta en la causa que a las 21.50 de ese día el móvil 28.948, con el sargento Hugo Fernández y el agente Cristian Da Silva como dotación, se dirigió a la zona de Fátima (Pilar) para atender una "emergencia".
Molina Pico entiende que el patrullero que fue a Carmel, pero no entró, pasó por allí a las 20.30, como dijeron los vigiladores. Si Horacio García Belsunce (h.) llegó allí a las 21.12 y llamó al celular del jefe antisecuestros Angel Casafús para que le "sacara a la policía de encima" a las 22.04, y gracias a esa llamada no hubo que "coimear" a los policías para que se fueran, como propuso el vecino Sergio Binello, es muy probable que aquél sea el móvil que nunca llegó a la escena. Esa hipótesis no se profundizó en la investigación.
Aquellos policías no fueron citados. Casafús sólo declaró como testigo; admitió dos llamadas de García Belsunce (h.), pero hubo siete comunicaciones a su celular.
El comisario mayor y el entonces jefe de Investigaciones de San Isidro, Aníbal Degastaldi -que fue con el fiscal a la escena del crimen, el mediodía del 28-, fueron denunciados por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público (por no ir a Carmel ante aquella llamada de las 22.04) y eventual encubrimiento, por hacer regresar, supuestamente, a los agentes. Pero nunca se los indagó.
Por Fernando Rodríguez De la Redacción de LA NACION
domingo, 26 de octubre de 2003
Molina Pico incumplió sus deberes de funcionario
John Hurtig se ve indignado, vehemente y gesticula. Se le enrojecen los ojos y esconde el llanto. Irene, en cambio, tiene una mirada verde, profunda y filosos argumentos. Ambos hermanos de María Marta García Belsunce exhiben el mismo empeño en criticar al fiscal de la causa Diego Molina Pico y en defenderse ellos y al esposo de la víctima, Carlos Carrascosa, con prisión preventiva por el homicidio, pero en libertad.
"Yo desafío al fiscal a que se siente frente a mí con la causa y que mirándome a la cara, ante 200 periodistas, me diga cuáles son las pruebas en nuestra contra. Lo puedo replicar foja por foja", se indigna John.
En una entrevista con LA NACION en el estudio de su abogado Alejandro Novak , ambos hablaron de por qué la causa está parada e insistieron en que el crimen ocurrió debido a un robo al que -dijeron- no son ajenos los vigiladores de Carmel y Nicolás Pachelo.
"Los estudios genéticos no están parados por la familia. El juez Diego Barroetaveña dijo que no están terminados y le pidió al fiscal que termine los exámenes para que se hagan las extracciones. Ojalá encontremos en esos rastros al homicida de mi hermana", señala Irene. John interrumpe: "¿Porqué tengo que confiarle mi sangre a quien no demuestra transparencia en la investigación y en cambio sí muestra una parcialidad absoluta?". Y completa: "Yo desconfío del fiscal. Dudo porque demostró animosidad. Dijo que había pegamento, cuando no lo hubo, como lo declararon los forenses que hicieron la autopsia, a los que él no quiso tomarles declaración".
El abogado Novak asiente y aclara: "Molina Pico estuvo en Carmel el 28 de octubre y no ordenó la autopsia ni tomó ninguna medida. La familia no sabía que debía hacerla, no son funcionarios públicos. Esta omisión hace que, para cubrirse, el fiscal diga ahora que Carrascosa y la familia lo engañaron".
Desde que se supo que María Marta murió asesinada y no víctima de un accidente, la vida de los hermanos cambió. Irene y su esposo Guillermo Bártoli, vecinos de Carmel, se quedaron sin trabajo, aunque siguen viviendo allí. "Me enfrenté por primera vez con el mal. Hasta ahora había tenido una vida feliz, una familia fantástica, pero ahora siento que se me cayeron las torres gemelas en las cabeza. Me enfrento al mal, a la impunidad, a tener que explicarles a mis hijos de 10 y 14 años qué es una autopsia", reconoció Irene.
"Creo que en el futuro, el único responsable de que no encontremos a quien mató a María Marta será el fiscal y creo que nadie se da cuenta del sufrimiento que estamos viviendo nosotros desde hace un año", afirmó.
jueves, 23 de octubre de 2003
Los acusados no se oponen a la extracción de sangre
A sólo cuatro días de que se cumpla un año de la muerte de María Marta García Belsunce, su familia salió públicamente a desmentir las acusaciones que hizo el fiscal de la causa, Diego Molina Pico, cuando dijo que los allegados a la víctima se negaban a hacerse los peritajes de ADN que permitirían avanzar en la investigación.
La respuesta surgió por parte del abogado del viudo Carlos Carrascosa, José Licinio Scelzi, que en un comunicado remarcó: "Atendiendo a las opiniones vertidas por el señor fiscal en conferencia de prensa, de las cuales -entre otras referencias- se desprende que "los imputados se resisten al examen" de sangre, hago saber que mis asistidos no se oponen a la realización" de esos análisis.
"Por el contrario -dijo-, han urgido que el peritaje satisfaga esencialmente presupuestos científicos y cuente con datos indubitables, inalterables y definitivos."
Scelzi enfatizó que los especialistas de ADN Eduardo Raimondi, Ulises Toscanini y Graciela Berardi "solicitaron que se proceda a las extracciones de sangre cuyos perfiles interesa comparar con los rastros secuestrados sólo después de conocidos los patrones genéticos definitivos que abarquen todas las evidencias supeditadas a estudio, pues ello garantiza la seriedad e imparcialidad de la experiencia".
"En síntesis -continúa el comunicado-, la causa judicial aguarda desde el 4 de junio a que el fiscal Molina Pico cumpla cabalmente lo resuelto por el juez Barroetaveña para concluir las determinaciones de los perfiles genéticos que cabe asignar a los rastros hallados en la escena del homicidio."
viernes, 17 de octubre de 2003
Sierco procesado por falsedad idelógica - causa: falsedad ideológica
Guillermo Bártoli, cuñado de María Marta García Belsunce y acusado de haber encubierto el crimen, fue procesado hoy por la Cámara del Crimen por presunta falsedad ideológica en la causa que investiga supuestas irregularidades en la confección del certificado de defunción de la socióloga.
Fuentes del Palacio de Tribunales indicaron que la decisión fue tomada por los miembros de la Sala VII de la Cámara del Crimen, quienes anularon la falta de mérito dispuesta por el juez del caso, Julio Lucini, quien no había encontrado pruebas para acusar ni para sobreseer a Bártoli.
La noticia se conoció sólo 24 horas después de que el fiscal de Pilar Diego Molina Pico, a cargo de la investigación, decidiera romper por primera vez el silencio para denunciar que la causa por el crimen de María Marta está "parada" por culpa del propio sistema judicial que no le permitió aún llevar adelante una serie de extracciones de sangre para saber a quién corresponde el ADN que se halló en la escena del crimen.
Precisamente, en esa lista de sospechosos a sacarse sangre, se encuentra Guillermo Bártoli, esposo de Irene Hurtig, hermanastra de María Marta, y dueño de la casa donde el viudo y acusado del homicidio, Carlos Carrascosa, dijo haber estado a la hora en que la víctima era asesinada, en la tarde del 27 de octubre del año último.
Ayer, durante la conferencia de prensa, Molina Pico reveló que su intención era avanzar en las sospechas que involucrarían a Bártoli como presunto coautor del crimen, ya que -dijo- "hay muchas cosas que no cierran" en su testimonio.
Bártoli fue el encargado por parte de la familia de convocar a la cochería para que se encargara de la inhumación del cadáver de María Marta, con el claro objetivo -según el fiscal- de que no se hiciera autopsia ni se convocaraa la Policía.
Y su firma apareció en el certificado de defunción que establece que María Marta murió de un paro cardiorrespiratorio en la Capital Federal, detalle que podía facilitar su entierro en el cementerio de La Recoleta.
A fines de diciembre último, Bártoli estuvo varias horas preso por esa situación -fue arrestado cuando partía hacia Uruguay- junto a un grupo de empleados de la cochería Sierra, encargada del velatorio.
Sin embargo, tras analizar el caso, Lucini resolvió procesar por falsedad ideológica de instrumento público al médico que firmó el certificado de defunción Juan Carlos March y el funcionario de casa Sierra Oscar Sierco, pero dictó la falta de mérito para los otros nueve imputados, entre los cuales estaba Bártoli.
Asimismo, se informó que si bien hasta la fecha el abogado de Bártoli era José Scelzi, de ahora en más, ejercerán su defensa Oscar Salvi y Alejandro Novak.
El fiscal dice que el sistema traba la causa
LA PLATA.- Con puntualidad asombrosa, y con cierta rigidez en la postura, atribuible quizás a una situación que para él era totalmente novedosa, y aun incómoda, el fiscal de Pilar Diego Molina Pico enfrentó por primera vez a la prensa para hablar del único caso que instruye: el asesinato de María Marta García Belsunce. Pero de su boca no salieron revelaciones, sino, ante todo, la admisión de que los vericuetos del propio sistema judicial que él integra le impiden empujar hacia adelante la investigación, que el próximo lunes 27 cumplirá ya un año.En la sede de la justicia penal platense, Molina Pico defendió su hipótesis del caso: que el viudo, Carlos Carrascosa, fue coautor del homicidio, y que la familia de la víctima lo encubrió. Pero, sobre todo, aseguró que la causa está paralizada porque el juez de Garantías de San Isidro Diego Barroetaveña insiste en impedir que a los sospechosos a los que apunta el fiscal se les extraiga sangre para establecer, por la vía de la comparación de ADN, si alguno de ellos dejó los rastros incriminatorios hallados en la escena del crimen.
Molina Pico admitió que, sin esa comparación, "no será lo mismo ir a juicio" con el viudo como acusado. Y el propio procurador general, Eduardo De la Cruz, aseguró que el estudio de ADN es vital para la causa, ya que a partir de él se podría probar "tanto culpabilidad como inocencia", aunque reconoció que si el patrón genético de Carrascosa no coincidiera con el obtenido en la escena "será muy difícil incriminarlo" como autor del homicidio.
Molina Pico dijo que aceptó hablar con la prensa, a casi un año del crimen, porque "la causa está en un parate , virtualmente suspendida porque hay dos posiciones antagónicas y nadie que resuelva" la cuestión.
En estrecha síntesis, el fiscal -apoyado en el dictamen de los peritos oficiales- dice que el estudio de ADN de los rastros está terminado y ya es posible hacer la comparación con el patrón genético de los sospechosos: los hermanos de la víctima Horacio García Belsunce (h.), John e Irene Hurtig; el esposo de ésta, Guillermo Bártoli; el padre de los Hurtig, Constantino; los amigos de María Marta Sergio Binello y Nora Burgues de Taylor; el primer médico que revisó el cadáver, Juan Gauvry Gordon; la masajista de la víctima, Beatriz Michelini, y el ex vecino de Carmel Nicolás Pachelo, el sospechoso preferido para los deudos.
Pero Barroetaveña, al igual que la defensa, considera que los estudios no están concluidos. Según Molina Pico, sin ningún argumento visible, por lo que afirmó: "El propio sistema impide el avance de la investigación; y nadie le pone el cascabel al gato". Esto, porque la Cámara de Apelaciones rechazó su pretensión de que se revocara la suspensión indefinida de la extracción de sangre dictada por el juez de Garantías.
TODAS LAS LÍNEAS
El fiscal aseguró que ha investigado "todas las líneas" de pesquisa, incluida aquella -defendida por la familia de la víctima- referida a que alguno de los vigiladores del country Carmel, de Pilar, habría descerrajado los cinco tiros que segaron la vida de María Marta cuando ella lo descubrió mientras robaba en su casa.
"La mayoría de los indicios no nos lleva a la hipótesis del vigilador y los robos. Para la otra [la que apunta al viudo como autor] no tengo móvil aún, pero tengo pruebas", sostuvo.
Entre esos indicios incriminatorios enumeró haber lavado las paredes manchadas de sangre, insistir desde el comienzo con la teoría del accidente -aunque con incongruentes variantes-, haber tramitado un certificado de defunción apócrifo y tirar uno de los proyectiles (el famoso "pituto"), que fue "levantado con un paño, como en los filmes policiales".
El fiscal admitió a LA NACION que en la causa persisten muchos "puntos oscuros" y que incluso pudo haber pecado de "inocente", como cuando creyó, durante el velatorio, en la versión del accidente. Reconoció también que el viudo bien pudo, en vez de ser el autor, haber "facilitado el crimen". Lo que no hace más que colocar como sospechoso a su concuñado, Bártoli, cuya coartada depende de los dichos de Carrascosa.
La teoría del círculo vicioso
El fiscal de Pilar Diego Molina Pico cree que, más allá de que los vericuetos del Código Procesal provincial le impiden avanzar en la investigación del asesinato de María Marta García Belsunce, son las últimas -e inexplicables para él- resoluciones del que, con las idas y venidas de la causa, se ha convertido en su verdadero antagonista las que han llevado el caso a un círculo vicioso en el que "se hace imposible avanzar".
Ayer, en rigor, su primera aparición pública para hablar del único caso que tiene a su cargo desde principios de año pareció tener la única finalidad de justificar, poco antes de cumplirse un año del crimen, la aparente falta de acción judicial en la insistencia del juez Diego Barroetaveña -su "antagonista"- en impedirle llevar adelante un estudio que el fiscal considera clave: el ADN.
Molina Pico no agregó ayer un solo dato a todo lo que ya se conoce públicamente del caso. Por decantación, con su denuncia al "sistema" judicial, ese que él mismo integra, pareció buscar excusarse por la ausencia de respuestas ante un asesinato que, casi un año después de ocurrido, sigue impune.
No obstante, esa suerte de "autoexculpación" encuentra su correlato, efectivamente, en las características propias del sistema procesal bonaerense. Molina Pico dijo que durante el 80 por ciento del tiempo que lleva la instrucción de la causa el expediente no estuvo en su poder como consecuencia de los recurrentes apelaciones y recursos presentados por las defensas de los imputados.
De ser así, el sistema -como lo llamó el fiscal- no parece capaz de dar respuestas efectivas a la sociedad en materia de persecución penal.
Otra cuestión es la disyuntiva de acuerdo con las que, hasta ahora, parecen ser las dos hipótesis más fuertes a la hora de explicar quién y cómo mató a María Marta de cinco balazos, en su casa del country Carmel, de Pilar.
Molina Pico sostiene que las pruebas apoyan su hipótesis de que el viudo, Carlos Carrascosa, cometió el crimen, y que es esa teoría la que, al final, llegará a buen puerto. Y en respuesta a las críticas que le expusieron algunos periodistas, aseguró haber agotado las averiguaciones relacionadas con todas las demás sospechas.
En este punto, no es inválido decir que los argumentos que esgrimió para explicar por qué el viudo y la familia son los presuntos culpables son igual de fuertes o débiles que los que, por caso, abrazan los acusados por el fiscal para afirmar que el asesino podría ser uno de los vigiladores del country, con el robo como móvil.
El fiscal tomó los dichos de los testigos que dijeron haber visto al viudo en el club house del country para contrarrestar la versión de Carrascosa, quien dijo que a esa hora veía un partido de fútbol con su concuñado, Guillermo Bártoli. Sin embargo, consta en la causa que Nicolás Pachelo -el principal sospechoso de la familia- mintió respecto de a qué hora se fue de Carmel, y esa falacia no le pareció que tuviera igual magnitud que la otra.
El escenario que queda es el de jugadores -el fiscal y las defensas- que intentan probar sus teorías antes que buscar la verdad real, esa que levante de una vez el manto de impunidad que hoy cubre la tumba de María Marta.
Por Fernando Rodríguez De la Redacción de LA NACION
jueves, 16 de octubre de 2003
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