La imagen de la Justicia ha caído desde hace años en la consideración pública. Ha sido por causas diversas, entre las cuales sobresalen hechos ocurridos en el fuero federal penal, pero no sólo como consecuencia de la conducta de algunos de sus jueces. El Poder Ejecutivo ha transmitido una vocación corrosiva por controlar la Justicia, en lugar de contribuir a prestigiarla, mientras que la mayoría del Congreso de la Nación se ha prestado con docilidad al juego de aquél, como en el caso de la reformulación del Consejo de la Magistratura.
Tampoco ha hecho favor alguno a la prestancia de la Justicia argentina, sin contar el daño inferido a particulares, la difusión cada vez más escandalosa de cuestiones penales en la que no pocos medios de comunicación se han empeñado de un tiempo a esta parte.
Es hora de revisar tales comportamientos con ánimo de autocrítica, de modo de introducir sin demoras las correcciones que fueren necesarias para la salud, en el sentido más amplio del concepto, del espíritu ciudadano. Esa revisión inexcusable de procedimientos concierne no sólo a lo que sucede en los espacios audiovisuales sino también en relación con la prensa escrita.
Asuntos de índole penal, entre los más notorios los casos García Belsunce y Dalmasso, han desencadenado por sus características, por la forma de su ocurrencia o por circunstancias de variada naturaleza una corriente que no ceja en la exacerbación del morbo colectivo. Corriente de aguas servidas, en el fondo, que ha puesto en evidencia la bajeza en la que se puede incurrir en cualquier actividad, incluso bajo la invocación de nobles banderas, como las de la libertad de informar y del derecho ciudadano a ser informado.
Eso ha sido posible no sólo por un periodismo insensible a sus responsabilidades sociales, sino también por el desconocimiento que prima en los estrados judiciales sobre derechos básicos en la función de impartir la ley.
Es así como en el caso Dalmasso se ha pasado de barajar, con diferentes niveles de velada imputación pero con inigualable temeridad, el nombre del esposo y de amigos del matrimonio, primero, para pasar después a señalar, de forma sucesiva, a un pintor, al hijo, a otros seis parientes y, ahora, a un círculo de trabajadores que habrían realizado obras en la finca de la víctima. En el caso García Belsunce, como en tantos otros, se advierte una situación similar de indefensión ante el juicio público.
Deberá recordarse que el principio de inocencia está en la base del ordenamiento legal argentino. Y que el derecho a la intimidad, que acuerda protección a las acciones privadas de los hombres "sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados", puede mermar su jerarquía frente a otro derecho de rango constitucional, como lo es el derecho a la información. Sin embargo, es a los jueces, y a sólo a ellos, a quienes corresponde decidir cuándo existen razones de interés público que así lo justifiquen.
Es cierto que la ciudadanía tiene pleno derecho a mantenerse informada respecto de los sucesos que interesan o conmueven a la opinión pública y es verdad también que numerosos órganos periodísticos llenan todos los días esa necesidad con el nivel de sobriedad y moderación adecuados, y con el respeto debido a las mencionadas prescripciones éticas, así como a los principios de razonabilidad que deben regir el trabajo de los medios. Pero es sabido que el actual desarrollo de las tecnologías informativas lleva a veces a cierto periodismo a exhibiciones, sobreactuaciones y hasta interpretaciones desmesuradas, con consecuencias que pueden resultar dañinas para la dignidad o la reputación de las personas que aparecen envueltas, en ocasiones por razones puramente casuales, en los procesos o sumarios abiertos por la justicia penal.
Muchas veces, jueces, fiscales y otros funcionarios judiciales, y hasta la policía, suelen prestarse a filtraciones indebidas para la buena marcha de los procesos. Se lanzan sin prejuicios al ruedo datos, nombres de personas, conjeturas, en fin, que los medios terminan por recoger y desplegar de forma apabullante. De esa insensibilidad tan ajena a lo que supone el respeto por un debido proceso, garantía de la aplicación justa de la ley, suelen ser parte, y con frecuencia lo son como actores centrales, los abogados, tanto querellantes como defensores.
Se configura de tal modo un ámbito de complicidades en el que a menudo los letrados elaboran estrategias cuyo eje pasa por generar en el vecindario o en la ciudadanía un estado de convicción que después gravita sobre las decisiones judiciales. El periodismo debería manifestarse reacio a convertirse en eco o mecanismo instrumental para la consumación de estrategias -o, mejor dicho, estratagemas- más ajenas al derecho que al hábito de gestar chicanas y ardides.
En un seminario reciente para jueces y periodistas, organizado por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y por La NACION, todas esas cuestiones merecieron el debate acorde con su gravedad. Se hizo hincapié en la necesidad de suscitar cambios en la comunicación de los temas judiciales de forma de lograr algunos objetivos que contribuyan a superar los aspectos más penosos de la actual situación. Uno de ellos sería el adiestramiento en un lenguaje más comprensible para el ciudadano común. Otro, entrenar a jueces y fiscales en el siempre delicado trato con la prensa.
Al mismo tiempo, los responsables de los medios informativos deberíamos desarrollar al máximo nuestra capacidad de autocrítica para evitar cualquier desborde o exceso que pudiere desembocar en una lesión a los principios que resguardan la presunción de inocencia de las personas o los preceptos que protegen sus espacios de privacidad o intimidad.
Las causas judiciales están, por principio, requeridas de una información precisa, sobria; mal pueden tratarse como un ítem del mundo del espectáculo, que tiene otras reglas. Y para que esto sea así conviene que la propia Justicia comience por establecer una relación apropiada a sus fines con los medios de comunicación, como bien lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hasta la propia independencia de la Justicia depende de la conciencia ciudadana que exista sobre su significado y labor.
Todo lo que se haga en ese sentido importará para remontar el grado de calidad institucional en que se encuentra el país y para afirmar las bases de la convivencia social.
